Artículos públicados en MILENIO. 2007_8

Entre la aplicación y la ampliación de la fuerza legítima: tentación de Calderón

Un supuesto básico de las democracias liberales es que se basan en una división del poder y la existencia de mecanismos eficientes de participación social, por ejemplo las llamadas contralorías sociales, las comisiones de derechos humanos o los institutos, los cuales se caracterizan por no depender de manera directa de uno de los tres poderes, a lo cual se ha denominado ciudadanización del poder o gobernanza, en otros contextos.Los 100 días de la gestión calderonista se han caracterizado por el llamado combate frontal al crimen organizado, acción en sí misma loable. Lo cuestionable de esta estrategia o política gubernamental (no política pública), es el énfasis puesto en el uso de la fuerza pública, o más peligroso aún, en la fuerza militar; se partió del supuesto que el problema del narcotráfico era un problema similar al robo de autos o a los secuestros, que ante las armas de los narcotraficantes el gobierno respondería con más armas y a las balas con más balas, incluso que los muertos se enfrentarán con más muertos. Se pensó de manera ilusa que combatir al narcotráfico era combatir al EZLN, es decir, una fuerza militar ubicada en un territorio. Esta lógica poco racional del gobierno olvidó que existe la llamada inteligencia institucional, la cual, de haber sido usada, hubiera permitido prever escenarios y tener respuestas alternativas y rápidas ante la lógica reacción de los cárteles.Pero como ante una acción irracional las consecuencias también son irracionales, la respuesta oficial ante el fracaso de la militarización de algunos estados de la Federación es ahora la de solicitar autonomía de la instancia encargada de la procuración de la justicia en el país (la PGR). La justificación parece obvia, ¿quién no recuerda las escenas de hace algunos días, cuando los militares debieron esperar horas para poder ingresar a una propiedad sospechosa debido a que no se les “obsequiaba” la orden de cateo? Ante este hecho, la respuesta irracional, lejos de hacer una revisión del accionar de los involucrados en este proceso, opta por proponer la dotación de autonomía a un área sensible de la democracia, la procuración de justicia.Si con el andamiaje jurídico actual hemos visto casos como los de Digna Ochoa, el encarcelamiento de líderes sociales en Oaxaca, las violaciones sexuales y detenciones arbitrarias en Atenco o el caso del sindicato minero, qué se puede esperar de estas instancias oficiales con mayor poder y autonomía.La justificación del tirano para usar la fuerza arbitrariamente es la preservar el orden y la paz, pero no puede ser ésta la justificación en un sistema llamado democrático, no es justificable en nuestro país el dicho aquel de “primero allana, mata o encarcela y luego averiguas”, o si bien nos va el llamado “usted disculpe, nos equivocamos”.Sin duda, como ya lo prevén algunos analistas, la política de militarización del país como sinónimo de combate al narcotráfico irremediablemente fracasará. De los aparatos de inteligencia de este gobierno depende que esta estrategia se modifique y se haga efectiva y, por otro lado, que se reconozca que el enfoque usado para construir el problema no fue el adecuado. Es urgente que se reconozca que esta guerra de Calderón no es la guerra de un sexenio; que no se combate a un ejército ni a una guerrilla, sino a una red de intereses y bases que son beneficiadas con este negocio ilícito; que no se puede esperar ilusamente que el enemigo se rinda como en una guerra ordinaria, ya hemos visto que otros estados empiezan a padecer la migración de estos grupos, y finalmente que la llamada “guerra” debe combatirse en diversos frentes, en las familias, las escuelas, el servicio público, en el combate a la pobreza, etc.Un hecho que pone contra la pared esta política de Calderón, aparte de los muertos de todos los días y la negación de que nos estamos colombianizando, es la política que en la misma materia está implementado el gobierno perredista del Distrito Federal, con Marcelo Ebrard, la cual es observable en las acciones realizadas en el barrio de Tepito, cuya efectividad inmediata contrasta con los resultados a nivel federal. Las primeras acciones de Ebrard, como las expropiaciones, las cuales, como es obvio, pusieron a la defensiva al aparato conservador y pro-panista del país, argumentando que se violentaba la ley y que había que preservar la propiedad privada, pero que finalmente terminaron aceptando como un hecho positivo, ha implicado la posibilidad de atacar la parte sensible de las mafias, sus bases sociales. El expropiar y devolver el espacio a la comunidad, en hospitales o en otros servicios, implica involucrar a la sociedad en el combate a los ilícitos, es decir, no es un combate de balazos entre policías y ladrones, con las personas encerradas, es una política, al parecer, con visión de futuro. Si a esto se le agrega el combate al ambulantaje, la política adquiere otras dimensiones, sobre todo porque se argumentaba que éstas eran las bases de apoyo del PRD.Ésta es una de las bondades de la democracia, la posibilidad de comparación. Por supuesto que en estos primeros cien días sólo estamos viendo el inicio de estas dos políticas en el combate al llamado crimen organizado, el tiempo colocará a cada uno en el lugar que le corresponde.Nos leemos en este espacio el próximo jueves.

Pd. Nos congratulamos con la reapertura del caso Digna Ochoa.

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Artículos públicados en MILENIO. 2007_7

Las políticas públicas: un ciclo que acota a los políticos

En la entrega de la semana pasada deliberamos sobre la división inadmisible entre políticos y administradores, entre diseñadores de políticas (tomadores de decisiones) y operadores, argumentando que la acción pública del servidor electo no se agota con el diseño de la política, sino que lo compromete con su implementación, evaluación y replanteamiento. En atención a comentarios y preguntas planteadas por algunos amigos lectores, en esta ocasión nos detendremos a caracterizar este proceso, que en la academia se denomina el ciclo de vida de las políticas públicas. Concebir a las políticas como un ciclo implica aceptar y esquematizar la complejidad del tránsito de problemas ubicados en la agenda pública a problemas ubicados en la agenda gubernamental, y cómo éstos se implementan y evalúan por parte de las autoridades públicas; permite además ubicar en el proceso lo que se denominan los círculos de retroalimentación, y se logra con esta perspectiva construir en cada etapa del ciclo andamiajes analíticos para profundizar en el conocimiento de problemas y lagunas, y desde un enfoque transversal tomar en cuenta las interacciones que se establecen entre actores, recursos (no sólo económicos), así como reconstruir el marco institucional dentro del cual tienen lugar esas interacciones. Dos son los aportes del ciclo de vida de las políticas públicas que llaman mi atención: concebir a los elementos que componen el ciclo como constituyentes y, por otro lado, enfocarlas como dinámicas; es decir, cada elemento encuentra sentido en las relaciones que establecen con los otros elementos.El ciclo de políticas no implica una lógica lineal sino la aceptación de componentes necesarios; no representa una realidad inmutable y permanente, sino un modelo teórico, un marco de referencia que permite guiar el análisis de las acciones de los servidores públicos. Con esta propuesta se responde de manera analítica a la complejidad de los problemas públicos, en tanto problemas que se mueven en el ámbito de los intereses de los individuos y grupos.Con el ciclo de políticas se acepta que la inacción es una decisión de la autoridad que no se toma en el diseño, ya que al igual que la aplicación selectiva es una decisión de implementación.El ciclo de las políticas públicas, al agregar el componente político reconoce la complejidad del proceso de las políticas públicas, en tanto campo donde confluyen actores públicos con diferentes necesidades.Nace en contraposición a la administración política tradicional, la cual se caracterizaba por: diferenciar entre política y administración y se planteaba como objetivo el cumplimiento de la tarea y los objetivos; su gestión era de tipo centralizada, burocrática y rígida, no existía una vinculación con el entorno, no se planteaba el servicio profesional de carrera y existía una débil capacidad de innovación. El nuevo enfoque, denominado Nueva Gerencia Pública (NGP), al reconocer y reincorporar el componente político al análisis de políticas, reconoce la importancia de los entornos en la gestión; es decir, plantea la articulación entre política y administración, y en lugar de acentuar las tareas, enfatiza los procesos, y esto sin duda modifica la concepción de organización, que se plantea como descentralizada, flexible y con mecanismos de mercado incorporados, lo que implica reconocer el gobierno por redes (gobernanza) desde una visión estratégica y planteando la evaluación y el seguimiento como elementos centrales del proceso.Recuperar la dimensión política de la toma de decisiones plantea las siguientes ventajas: permite aceptar que en contextos democráticos las autoridades jurídicamente públicas funcionan como representantes de la sociedad; se crean mecanismos para que la sociedad participe en el ejercicio del poder público, mediante la creación de redes; al plantear ciclos se pueden incorporar dispositivos entre ellos; une la administración con la política; incorpora la innovación como elemento de mejora; reconoce la necesidad de crear burocracias efectivas al plantear el servicio profesional de carrera.Entre las desventajas que se observan se encuentran las siguientes: aunque el planteamiento teórico es muy llamativo, para el caso latinoamericano se complica, en tanto que no existe una configuración institucional de tipo democrático, es decir instituciones fuertes, clara división y armonía entre poderes, entre otros, y lo que me parece más preocupante: no existe una burocracia efectiva.Finalmente y siguiendo a Parsons, se encuentran vigentes en el estudio de las políticas públicas diversos enfoques entre los que se encuentran: la economía del bienestar, la elección pública, la estructura social, el procesamiento de información, la filosofía política, los procesos políticos, la política comparada y el management.Ojalá estos planteamientos teóricos cubran las expectativas de los que plantearon sus dudas.Nos leemos en este espacio el próximo jueves.

Pd. Un reconocimiento al CDP-Z.

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Artículos públicados en MILENIO. 2007_6

Políticos y administradores: división inadmisible

Decisión y acción parecen ser momentos separados en el accionar de las autoridades públicas. Se visualiza en la vida pública a los “políticos”, pero ellos no operan las políticas (públicas o gubernamentales), pues tradicionalmente son los denominados “administradores” los encargados de llevar a la práctica los discursos o compromisos políticos, que van desde el “levantamiento de banderas blancas” en el combate al analfabetismo o la creación de instituciones, que terminan convirtiéndose en elefantes blancos. Cumplir con los dichos de los políticos ha implicado para los administradores recurrir a diversas estrategias, como los fraudes, la corrupción, la incentivación de los corporativismos y la creación de alianzas de diversa naturaleza, por mencionar algunas. ¿Es admisible en este momento histórico la división entre políticos y administradores?, la respuesta a esta pregunta retoma los elementos ya analizados en este espacio sobre agenda pública y gubernamental, políticas públicas y gubernamentales y sobre el uso del término “políticas”.En este artículo se plantea el posicionamiento de que es inadmisible la división entre políticos y administradores. Para argumentar el punto recurriremos a los planteamientos de los marcos analíticos denominados predecisionales y posdecionales.Hasta hace algún tiempo el perfil público de un gobierno se plasmaba en sus planes de desarrollo y los denominados programas sectoriales, los informes periódicos se constituían en eventos políticos, más que en eventos de evaluación y rendición de cuentas del estado que guardaba la administración pública, es decir, la acción de gobierno no era evaluable. En este contexto, los esfuerzos de las autoridades públicas se centraban en la hechura de las políticas, lo cual se constituía en el foco del análisis de su eficacia. Análisis que se catalogó como predecisional, el cual partía del supuesto de que existía una relación de superioridad de los diseñadores de políticas, en tanto tomadores de decisiones, en relación con los administradores, en tanto operadores. Se afirmaba en este marco que el factor clave del gobierno es la decisión, no el proceso administrativo, que sólo hace la fácil tarea operativa de seguir el camino trazado por el político o diseñador.Visto a la distancia el enfoque predecisional ya no es suficiente para valorar la calidad de un gobierno, ya no es suficiente con analizar documentos oficiales, es necesario reconocer que las decisiones de gobierno se mueven en redes de intereses, que implican concesiones y ajustes continuos. Las políticas no se agotan con su hechura, implican todo un ciclo que concluye con su evaluación y replanteamiento. En estos momentos, ya no basta con tener programas oficiales, es necesario difundirlos, defenderlos, explicarlos; en cuyo proceso los mismos se van modificando.Ante la aceptación de que las políticas no se cierran con su hechura, sino que implican un ciclo, el análisis de tipo predecisional dejó de ser una vía para comprender la acción de las autoridades jurídicamente públicas y se recurrió al enfoque de tipo posdecisional. Lo que este tipo de análisis plantea es que la decisión pública implica la construcción política de la decisión, su análisis, deliberación, comunicación y puesta en práctica (incluyendo evaluación y replanteamiento). En este marco, podemos configurar tres ámbitos para valorar la acción de gobierno: la calidad de la decisión y actuación gubernamental, la capacidad de análisis por parte del gobierno de su propia decisión y acción, y la denominada calidad gerencial de la operación gubernamental. Estos tres ámbitos actúan de forma simultánea y suponen que el gobierno es un sujeto público con capacidad de actuación inteligente y no sólo instintiva, es decir, tiene la capacidad de aprender de sus acciones.Visto de esta manera, ya no es aplicable la división entre políticos y administradores; el político es el responsable de sus decisiones plasmadas en programas, de su implementación, evaluación y replanteamiento. El político no puede culpar a las empresas constructoras, contratadas mediante licitaciones, de que hagan mal su trabajo; no puede lavarse las manos de despensas enterradas, culpando a mandos medios; no puede darse golpes de pecho de forma pública porque una empresa transportista “mata” a un grupo de ancianos y el día de ayer a un estudiante; es cómplice al no aplicar la normatividad; ya no vale pues, la división entre políticos y administradores. Para los actuales aspirantes a las candidaturas (la diputada, el de la asociación civil, el rector de la universidad privada, el periodista, entre otros), no basta la promesa (el qué), es necesario que se especifique el cómo (plan de acción) y con quién (equipo de trabajo cercano).El tiempo electoral nos alcanza, aprovecharemos estas últimas semanas de tapados con velos transparentes para seguir construyendo el andamiaje teórico con el cual analizar los ya próximos bombardeos públicos de promesas de los aspirantes.Nos leemos en este espacio el próximo jueves. PD. No hay que perder de vista en los próximos días la polémica que se está generando en torno al tema del Sida y en la cual las televisoras nacionales ya tomaron partido. En la discusión ya existen descalificaciones y acusaciones de favorecer a algunas empresas farmacéuticas. Por otro lado, en esta discusión no hay que perder de vista la postura equívoca de algunos ministros de la Suprema Corte, al argumentar su postura en contra de la solicitud de amparo de militares diagnosticados con Sida, el cual finalmente fue otorgado y que denota en el menor de los casos la falta de asesoría profesional en la materia.

Saludos a Don Everardo y familia, discutir siempre es un buen ejercicio para no morir en la rutina.

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Artículos públicados en MILENIO. 2007_5

Políticas públicas: nuevas palabras, ¿misma lógica gubernamental?

La enseñanza que nos están dejando las autoridades públicas propuestas por el PRI, PAN o PRD, por mencionar a los más representativos, es que los gobiernos fallan debido en lo general a dos factores: la ineficiencia o la corrupción, las cuales se presentan en distintos grados de combinación. Ante las fallas y escándalos protagonizados por la clase política, la sociedad ha reaccionado “razonando el voto” y manifestando altos grados de desconfianza ante el discurso político.Sin duda la realidad política de nuestro país se ha modificado, lo cual puede ser observado en las siguientes aristas: los partidos políticos ya no pueden ser analizados por sus premisas ideológicas, ya que ahora el pragmatismo los dirige; los márgenes de acción discrecional de los gobiernos se acotan cada día más; pero, sobre todo, como se puntualiza en este artículo, las críticas de la clase académica han puesto en evidencia la necesidad de profesionalizarla. Ahora se le exige al gobernante nuevas competencias, ya no basta con el empirismo o con el compadrazgo, lo difícil ya no es llegar al poder, sino realizar un ejercicio profesional permanente.Ante este empuje académico, las autoridades públicas y los partidos políticos han agregado en sus estructuras asesores y discursos, lo cual puede significar un ejercicio de adaptación, de supervivencia, más no la incorporación de un nuevo modo de vivir la política. Uno de los conceptos que se están incorporado al ejercicio de gobierno es el de políticas, el cual empieza a sustituir el uso de términos como programas. Así, se habla de políticas de combate a la pobreza y no del programa; esto no debiera ser sólo un cambio de terminología, sino un giro en el ejercicio gubernamental, lo cual no necesariamente sucede.El problema con el término “políticas” es que se confunde y usa indistintamente para referirse a una diversidad de cuestiones, y aquí intentaremos dilucidar tres de ellas a la luz de los conocimientos construidos en las ciencias políticas. La primera acepción de este término es el que se refiere a la capacidad del gobierno para intervenir racionalmente en los asuntos públicos (políticas); una segunda hace referencia al campo de las relaciones entre gobernantes y gobernados, visto metafóricamente como conflicto de intereses (política), y, finalmente, política también hace referencia a los tipos de Estados en torno a los cuales se organizan las sociedades humanas, es decir, democrático, autocrático y autoritario. Ahora bien, las políticas, en tanto acción o inacción de gobierno, sólo es posible desarrollarlas en un contexto de racionalización del Estado, y se enfocarían a resolver problemas sociales reconocidos como públicos, lo que supone un gobierno basado en el conocimiento acerca de los problemas y las mejores decisiones. Es decir, sólo se puede hablar de políticas en un contexto de Estados Liberales Democráticos, de regularidades mínimas en el andamiaje del Estado, lo cual es cuestionable aún para nuestro país. Aceptando que los conceptos son abstracciones de realidades situadas, las cuales las llenan de significados que le dan sentido, es un error, una mentira o una patología pensar que las realidades cambiarán sólo por nombrarlas de otra manera. No basta con decir, a título individual, soy posmoderno, honrado o justo, o, a nivel gubernamental, soy un gobierno democrático, gerencial o de políticas, no, estos dichos tienen que ser acompañados por acciones, por ello el límite de la demagogia son los hechos. Así, ante el uso demagógico del término “políticas” por los políticos, en la academia se construyó una clasificación que busca evidenciar en sus acciones a las autoridades jurídicamente públicas y el grado de democratización de sus decisiones: el de políticas públicas y el de políticas gubernamentales.Las políticas públicas son estrategias de acción que pueden sostenerse argumentalmente y tienen un sentido público, o bien sirven al interés público y/o responden al resultado de la agregación de las voluntades individuales del público ciudadano. Ahora bien, las políticas gubernamentales también son estrategias de acción del gobernante en turno y sus equipos, pero frente a problemas vinculados con intereses privados con grave perjuicio para el interés público. Es decir, cuando los gobernantes hablan de políticas es necesario preguntarnos si responde a problemáticas públicas o a intereses privados. Ya que independientemente de ser pública o gubernamental, la estrategia se financia con recursos públicos.Planteo para cerrar el artículo un ejemplo hipotético para dilucidar la diferencia entre política pública y política gubernamental. El gobierno en turno puede argumentar que el narcotráfico es un problema público, ahora, ante éste, el gobierno puede reaccionar con una política (pública) integral y de largo plazo, que incluya al sector educativo, al social, al político, al judicial y que estructure su diseño, pero sobre todo su implementación y evaluación con la participación de las entidades federativas. Ahora bien, también puede implementar una política (gubernamental) de militarización, sin tomar en cuenta que es un problema complejo, histórico, que ha permeado las estructuras del propio gobierno, y centrar su inteligencia en el golpeteo a determinados corredores y grupos de delincuentes, dejando que otros grupos actúen libremente; es decir, la acción estratégica del gobierno actúa como factor de fuerza en la lucha entre grupos de la delincuencia organizada. De este ejemplo hipotético, podemos preguntarnos en el caso de la política gubernamental de combate al narcotráfico: ¿qué gana el gobierno?, ¿el narcotráfico financió la campaña electoral del candidato?, ¿qué gana el narcotráfico?, ¿cómo reaccionarán los otros grupos de narcotraficantes?, o bien, ¿cuál es el verdadero problema en el que se está invirtiendo los recursos públicos?, ya que como puede notarse no es el combate al narcotráfico, en tanto problema público, sino el apoyo a grupos de la delincuencia organizada para resolver sus problemas de territorio. Por supuesto, lo anterior son preguntas a un ejemplo hipotético.Así, ante la demagogia de muchos políticos en estos tiempos electorales en Veracruz, antepongamos el análisis de los hechos.Nos leemos en este espacio el próximo jueves.

Pd. Saludamos y damos la bienvenida a Serpentario.
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Artículos públicados en MILENIO. 2007_4

La agenda del Gobierno Federal: el fraude de las promesas

Los procesos electorales en México pueden ser analizados ubicando dos momentos, las campañas y la elaboración de agendas de gobierno, lo cual no significa una simple división temporal, sino la transformación de los discursos de las entidades y sujetos políticos, en acciones concretas. Es un juego de máscaras de la mayoría de los políticos, el cual se traduce en la capacidad de adaptación a las circunstancias en la búsqueda del poder por el poder (pragmatismo), como ejemplos basta con ver el coqueteo del PRD con Ana Rosa Payán o de Cinthya Lobato con el PAN veracruzano. Vemos a los políticos pasar de limosneros de votos a gerentes del país (por supuesto, si son electos), sin que existan medidas que obliguen a estos actores que financian su actuar con dinero público, a ser coherentes en su prometer y hacer, lo que implicaría que la incontinencia verbal, expresada en ráfagas de promesas, por lo menos en los procesos electorales, pudiera ser considerada un fraude.Así, la distancia entre discursos electorales y agendas gubernamentales, entre promesas y acciones de gobierno, es lo que define el tamaño del fraude. En este marco desarrollaremos dos ejemplos de promesas de campaña a nivel federal, para con ello cerrar el tema de la construcción de la agenda de gobierno, iniciado en artículos anteriores.El primer ejemplo es una promesa de campaña hecha por Felipe Calderón el 4 de abril de 2006. El candidato afirmó que de resultar electo impulsaría una iniciativa para derogar la tenencia federal de automóviles. Argumentó en aquellos días que este impuesto era obsoleto, ya que las causas que le habían dado origen ya no existían. En su promesa planteaba que los gobiernos de los estados podrían aplicar otros impuestos para sustituir los ingresos que se obtenían por este medio. Diversos analistas argumentaron en su momento que ésta era una propuesta “demagógica”, “populista”, ya que por este concepto la Federación recaudó, según la Secretaría de Hacienda, entre enero y diciembre de 2005, 15,222 millones de pesos, los cuales se reintegraban a cada una de las entidades (por lo cual se denomina impuesto de los estados), y derogarlo implicaría problemas de diversa naturaleza, toda vez que la recaudación es la debilidad mayor de las finanzas estatales. Una de las implicaciones que se planteaba era que los estados, en el marco de sus atribuciones, crearían otros impuestos para compensar esos ingresos, lo cual podría ocasionar abusos y la consecuente carga excesiva para los contribuyentes, o bien una escalada de endeudamientos, toda vez que la aplicación de nuevos impuestos implicaría un alto costo electoral. Por supuesto, como eran discursos de campaña, el entonces candidato Calderón evadió dar argumentos en el sentido de cómo sustituir los ingresos generados por este impuesto. Es necesario puntualizar, como en su momento lo hizo el Dr. Mijael Altamirano (en el marco de “Lupa Ciudadana”), que sólo quince entidades cobraban la tenencia a vehículos y 17 no aplicaban el impuesto, pero a pesar de estos datos, alertaba de los impactos que tendría esta propuesta para entidades como Aguascalientes, en donde el cobro del impuesto a la tenencia de vehículos representaba el 53% de sus ingresos en ese momento, situación similar para el Estado de México (27%) y Oaxaca (22%). Sin duda, fue una promesa de campaña que no se incorporó en la agenda gubernamental, toda vez que la misma no es viable, pero esta declaración cumplió su cometido, atraer votos y consolidar aquellos que ya habían definido su preferencia por este candidato.El segundo ejemplo es un grupo de promesas que igualmente no se incorporaron o lo hicieron de manera parcial en la agenda gubernamental y que demuestran cómo los discursos se adaptan a los contextos; es decir, se les promete a las personas lo que el político-demagogo piensa, quieren oír. El 12 de mayo de 2006, en Tierra Blanca, Veracruz, el candidato Calderón prometió lograr que se reconsidere a la baja la tarifa eléctrica doméstica en ese lugar, hasta el momento se ha planteado un mecanismo de apoyo a través del programa Oportunidades, aunque esto no impacta a todos los hogares. El 4 de abril de 2006, ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, prometió tratar el 100% de aguas negras del país y dedicar el 1% del PIB a ciencia y tecnología, lo primero se observa como misión imposible y lo segundo fue negado con la propuesta de presupuesto para este ejercicio. El 6 de abril de 2006, en Ticul, Yucatán, prometió aplicar un programa emergente para los productores de maíz que serían afectados por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sin duda éste fue un dicho que no tenía ningún contenido y sentido de “emergencia”, ya que de haberlo tenido seguramente se habría previsto la situación actual del maíz o bien haber reaccionado de manera eficaz ante ella, a menos que la incompetencia fuera un proceso calculado para favorecer a grupos económicos involucrados en el negocio de productos derivados del maíz y de los trasgénicos. El 7 de abril de 2006 en Monterrey, Nuevo León, Calderón prometió reducir a cien el número de diputados plurinominales y buscar una nueva fórmula de representación para el Senado, ya como gobierno esto no ha recibido ninguna atención. El 26 de febrero de 2006, Calderón planteó establecer una jornada escolar prolongada de forma experimental en escuelas de educación básica localizadas en zonas de alta marginación, promesa plasmada ya por Fox en el Programa del Sector Educativo y sobre la cual a nivel federal no se hizo en la práctica nada. El riesgo de esta promesa, como lo plantea el Dr. Loera, es que las escuelas se conviertan en guarderías, por la vinculación que en el discurso el candidato estableció con las madres trabajadoras. Éstos son sólo algunos ejemplos de promesas que no se han incorporado en la agenda de gobierno, ya que lo dicho en campaña no implica ningún compromiso para su realización como gobierno; en este contexto cabría preguntarnos: ¿hay otra forma de hacer campañas que no sea aquella centrada en promesas?Ahora bien, ante promesas que lograron ubicarse en la agenda gubernamental, como el “combate frontal al narcotráfico”, cabe preguntarnos si éstas se tradujeron en políticas públicas o políticas gubernamentales, es decir, cómo puede catalogarse la política de militarización en algunos estados. Sobre esta discusión nos centraremos en el próximo artículo.

Nos leemos en este espacio el próximo jueves.

PD. Un abrazo a las CEBS que aún caminan la posibilidad de apropiación del mundo.

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Artículos públicados en MILENIO. 2007_3

Deliberación de lo público
La agenda gubernamental: la prueba de la democracia.

Si aceptamos la afirmación hecha en la entrega del pasado jueves de que las agendas públicas son el termómetro de la arena política, entonces tenemos que admitir que las agendas gubernamentales son el purgatorio de la democracia. Las agendas gubernamentales son el proceso mediante el cual el equipo visible elegido por el voto popular, junto con sus patrocinadores y redes de poder, definen los temas objetos de su interés, a los cuales atenderán mediante la movilización de recursos públicos (dinero, tiempo, organización, poder político, etcétera). Al igual que la agenda pública, ésta no es visible, no es el Plan Nacional de Desarrollo, en tanto documento, son negociaciones con acuerdos temporales, luchas encarnizadas al interior de los grupos de poder que llegan al gobierno y que buscan sacar provecho de su inversión en el candidato.Los temas objeto de interés de las autoridades públicas pueden ser retomadas de la agenda pública o bien ser colocadas en ella por el equipo de gobierno a modo de necesidades, para justificar la inversión de recursos; por ejemplo, se puede afirmar que es importante construir un “nuevo” aeropuerto en determinado lugar, planteando argumentos técnicos, pero sin hacer explícitas las implicaciones económicas, tales como los beneficios para un grupo de poder, o rescatar un banco y luego venderlo a un “amigo”, mediante procesos amañados.La agenda gubernamental está vinculada a problemas, prioridades y decisiones; no todas las situaciones ubicadas en la agenda pública devienen problemas gubernamentales, los problemas de agendas públicas y de gobierno no se corresponden necesariamente.Teóricamente existen dos condiciones para que el gobierno adopte un asunto: primero tiene que existir la percepción pública de que es una responsabilidad gubernamental actuar y, segundo, el equipo de gobierno debe tener respuestas tentativas antes de abordarlo. Ahora bien, dejando de lado la teoría, el ingreso de problemas y situaciones a la agenda gubernamental se define, en el caso mexicano, en términos políticos y económicos antes que técnicos.Es pues, en la construcción de la agenda donde se definen los perfiles de los gobiernos, no en las campañas en busca del voto, aunque impliquen la firma ante notario de las promesas (llamadas ahora compromisos); es el pago de facturas lo que define qué tanto el público ciudadano está representado en los gobiernos legalmente constituidos. Lo anterior es un problema político fundamental en México, es decir, cuántos de los que salimos a votar por un presidente municipal, diputado, senador, gobernador o presidente de la República, en este momento tenemos la percepción de que sus acciones son para beneficiarnos y no para beneficiar a uno cuantos. Se puede afirmar que en este momento en México es prácticamente imposible que los electores incidan en el ejercicio del poder –para ampliar esta discusión recomiendo la lectura de la conferencia dictada por José Saramago (Premio de Nóbel de Literatura) en la Cátedra Alfonso Reyes, y publicado con el título “El nombre y la cosa”, mas adelante compartiremos algunos impresiones de la misma–, lo que interesa puntualizar, como lo hace el autor de Un ensayo sobre la ceguera, es que en la democracia el ciudadano tiene el poder en un momento efímero (la hora de tachar una boleta), posterior a la introducción de la misma en la urna, su poder de gobernar(se) lo delega en un representante, el cual no está obligado a entablar canales de comunicación para actualizar los intereses de sus representados, más allá de una cuestión ética o de interés por participar en el siguiente peldaño del poder instituido, en lo cual se basan los partidarios de la reelección inmediata de servidores públicos. El elegido por las mayorías gobierna, no el ciudadano, por ende los intereses que defiende y representa no son los de sus electores, en la mayoría de los casos son los de sus patrocinadores. Así, en nuestra caótica democracia tenemos autoridades legales, con legitimidades cuestionadas; democracia electoral (incipiente), pero no democracia de gobierno; un Estado de leyes pero no gobierno de políticas; árbitros instituidos (IFE) sin capacidad de sanción y actores de la arena pública (televisoras) con poder de enjuiciamiento y linchamiento. Todo esto podría sintetizarse con la pregunta ¿qué gobierna el gobierno?, ya que como se ha comprobado en el auge de la tortilla y la crisis de los salarios, las variables de control están en otras manos, en intereses privados asociados a intereses trasnacionales, los cuales fácilmente compran franquicias partidistas.Ahora bien, algunas de las maneras de desmontar las agendas gubernamentales y por ende a los grupos de poder que cada periodo electoral nos invaden con sus productos, es mediante el análisis de políticas y el empuje en la agenda pública de la necesidad de crear contrapesos a las concentraciones de poder, denominado por algunos autores como “atomización del poder”, lo que implica la acotación del tablero de juego de los actores públicos y de su capacidad de jugar estratégicamente. Así, ante el problema de la continuidad en las políticas, se pueden crear otras figuras de poder con periodos mayores a seis años y con mecanismos de renovación de sus cuadros directivos que impliquen el consenso de diversos actores instituidos.La batalla de los ciudadanos por gobernarse no esta pérdida, por supuesto que es un camino peligroso, como lo demuestra el primer lugar que ocupa México en la muerte de periodistas entre los países que no se encuentran en situación de guerra, aunque esto es relativo, basta ver el número de ejecutados en esta semana por el crimen organizado en aquellos entidades donde el poder del Estado se está manifestando; si estamos en situación de guerra o no, de colombianización de algunos corredores nacionales o no, no es cuestión de declaraciones pomposas, es cuestión de hechos.Hasta el momento en estos cuatro artículos hemos analizado dos categorías: las agendas públicas y la agendas gubernamentales. En la próxima entrega construiremos algunos ejemplos de problemáticas o situaciones ubicadas en la agenda del Gobierno Federal, con lo cual habremos de delinear lo que más adelante denominaremos las disyuntivas de las acciones de gobierno: políticas públicas o políticas gubernamentales, para lo cual nos apoyaremos en los análisis de tipo predecisional y posdecisional.

Nos leemos en este espacio el próximo jueves. Pd.

Saludos afectuosos al equipo de Sin recreo y a la familia Cancela.

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Artículos públicados en MILENIO. 2007_2

Deliberación de lo público

Originalmente en esta entrega se deliberaría sobre la ruta que sigue un problema ubicado en la agenda pública hacia la agenda gubernamental, pero los sucesos de esta semana y el intercambio con amigos, que amablemente opinaron sobre el artículo anterior, ayudaron a tomar la decisión de detenernos en tres ejemplos que nos ayuden a desmontar la lógica de funcionamiento de la agenda pública.Metodológicamente existe una gran diversidad de propuestas para analizar las agendas públicas, y en este artículo se opta por la trayectoria que siguen los actores sociales que promueven la incorporación y permanencia de problemas en ellas. Por lo reducido del espacio, no se reconstruyen en su totalidad los discursos de enmarque de cada ejemplo (hechos, valores, teorías e intereses), ya que lo que se busca es demostrar que las agendas públicas son la parte visible de una serie de tensiones que reflejan el nivel en el que se encuentran las relaciones entre los grupos de poder, los actores con voz pública y los grupos sociales, en relación con determinadas temáticas.Un primer ejemplo lo he denominado “cuando los enemigos se besan”. Hace algunas semanas empezaron a circular en las dos televisoras nacionales de señal abierta una serie de reportajes sobre los precios de las medicinas, en ellas se culpaba de esta situación a un empresario, a quien se etiquetaba de intermediario y acaparador, y daba la sensación de que era un mismo equipo el que había diseñado esta estrategia de golpeteo público a otro actor con poder. De esta campaña una serie de reportajes me parecen emblemáticos: consistían en entrevistar a personas que no podían comprar medicamentos por lo caro que estaban. En uno de esos enlaces en vivo, con la voz seria del conductor y con el dramatismo del reportero, éste informa a los televidentes que por no haber podido comprar su medicamento, una persona que el día de anterior había sido entrevistada había muerto; resultaría redundante comentarles los adjetivos hacia el empresario objeto de la ira de estas televisoras. Lo que cuesta trabajo creer es cómo empresas socialmente responsables, que respaldan campañas de apoyo hacia las poblaciones con discapacidades físicas, regalan juguetes, apoyan escuelas a través de la vinculación con el futbol, etcétera, utilicen estas situaciones para golpear, sin detenerse a reflexionar que estas personas son seres humanos –no pudo la televisora darle un donativo al entrevistado para comprar el supuesto medicamento y evitar así que muriera– y que después de lograr sus objetivos, cambien de tema y ya.Pero, ¿cuál fue la situación que provocó la ira y unión de las televisoras, qué hizo que se besaran y detonaran una guerra contra el enemigo público número uno? Sencillo: actores gubernamentales insinuaron la posibilidad de otorgar el permiso para una tercera cadena de televisión abierta, siendo uno de los promotores de esta iniciativa (adivinaron) el empresario farmacéutico. Ante ello las televisoras mostraron su poder para inhibir estas intenciones. Hasta dónde hubieran llegado, no lo sé, pero me imagino a un reportero narrando en cadena nacional cómo una muchedumbre saqueaba una farmacia, aunque por supuesto esto es sólo un juego de la imaginación. Así el problema de los precios de las medicinas fue colocado en la agenda pública por actores con poder (televisoras de señal abierta), para atacar a otro actor con poder y mandar mensajes al gobierno. Después de lograr su cometido, el cual por supuesto no fue bajar el precio de las medicinas sino modificar el tablero de negociación para una tercera televisora, el tema de las medicinas salió de la agenda pública, lo cual no significa que las personas en pobreza de salud ya no existan; es decir, la situación social sigue vigente, pero ningún actor con poder o voz lo considera un problema público, sino una situación del ámbito privado.Este uso del poder es paradigmático y sirve para afirmar que los medios de comunicación son sostenidos por telarañas de intereses que atrapan a cualquiera que amenace su estatus.Un segundo ejemplo para analizar la dinámica de las agendas públicas la denomino “a quemar el closet”. Xalapa es catalogada como conservadora, pero a raíz de la aceptación en el marco jurídico de dos entidades de las llamadas sociedades de convivencia, se han movilizado algunos grupos para colocar en la agenda pública esta posibilidad en el estado. Es importante recordar lo que se puntualizaba en el primer artículo, incorporarse en la agenda pública implica para una situación social ser concebida como un problema por el público ciudadano y por actores con voz. Ahora bien, en la entidad estamos en plena efervescencia política, lo cual le da una nueva dimensión a la cuestión de las sociedades de convivencia; es decir, esta situación social tendría menos posibilidades de incorporarse en la agenda gubernamental si en este momento no estuviéramos en medio de un proceso electoral competido. El último ejemplo lo he denominado “dame tu pregunta, para que yo pregunte”. Actores gubernamentales y de la sociedad civil han promovido el derecho al acceso de la información pública, el cual se ha logrado de manera formal con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), esto puede verse como un avance ya que implica la inexistencia de intermediarios entre el ciudadano y las autoridades jurídicamente públicas. En este ejemplo podemos visualizar cómo una situación social (contar con información) se incorpora como una condición para la democracia en la agenda pública (problema público), logrando diversos consensos, ante lo cual el gobierno reacciona incorporándolo en su agenda y lo traduce en un instituto. Con la creación del IFAI aparentemente se cierra el ciclo de las agendas, pero no es así, éstas son dinámicas y cíclicas, así por ejemplo en esta semana nuevamente el acceso a la información se coloca en la agenda pública por un grupo de poder (Letras Libres), el cual se ofrececomo intermediario entre el ciudadano y las autoridades, bajo el argumento de la rendición de cuentas. Ya este grupo representado visiblemente por Enrique Krauze participó al principio del proceso electoral presidencial con una propuesta académica denominada Lupa Ciudadana, el cual ante lo cerrado de la competencia se definió en la práctica por un candidato, basta con recordar la propaganda a través del ensayo “El mesías tropical” (Letras Libres, 6/06).Estos tres ejemplos sirvan de muestra para visualizar la complejidad de la agenda pública, su dinámica y permanencia, pero sobre todo su funcionalidad como termómetro de la arena política.

Pd. Saludos afectuosos a los amigos de la Universidad Pedagógica Veracruzana.

Para comentarios y sugerencias enviar correo a: oswualdoa@yahoo.com.mx

Artículos públicados en MILENIO. 2007_1

Jueves 25 de Enero de 2007

Deliberación de lo público

Ante la necesidad inmediata de elección en el que nos coloca el calendario electoral estatal, es importante prepararnos para lo que se avecina y que ya se ha configurado a nivel nacional como fenómenos distintivos de la política, tales como: la incorporación de personajes a los partidos que años, meses o días antes de la elección de candidatos pertenecían a otras instituciones; la guerra sucia como medio de propaganda, sin ningún freno ético, con sus telarañas de mentiras y sus colores como estandartes de los nuevos ejércitos; la alianza con grandes consorcios de poder económico; la incorporación de los medios de comunicación como detentadores de la voz pública y publicada, que como árbitros levantan las manos de los ganadores, y la utilización de nuevas herramientas de propaganda, como las encuestas, por mencionar algunas.A la par de lo anterior en los medios de difusión masivos, básicamente en la televisión abierta, se han dispersado los siguientes supuestos en relación con la democracia: se afirma de manera implícita que es un campo de discusión competencia de expertos; que ésta se agota con las elecciones (borrón y cuenta nueva); que lo ocurrido en las recientes elecciones presidenciales es normal en ambientes competitivos, o que lo más importante en periodos no electorales es la estabilidad económica, el respeto a las reglas del libre mercado (traducidos por algunos actores gubernamentales actuales como problemas de oferta y demanda), aunque éstas no apliquen a la satisfacción de necesidades básicas, campo donde se hacen visibles algunas fallas de mercado; sin duda éstos son discursos de actores con poder, para los cuales este estado de cosas se traduce en áreas de oportunidad para negocios lucrativos.Reconociendo estas situaciones, ¿qué podemos hacer para participar en la construcción del país?, me parece que básicamente entender a la democracia como un estilo de vida, resultado de posicionamientos individuales y colectivos, como lo plantean nuestros marcos normativos básicos. En este sentido, con este espacio semanal, se buscan construir polos de deliberación de lo público que aporten elementos para leer la dinámica de lo social y gubernamental en los contextos de libre mercado, para ello se recurrirá a diversas herramientas teóricas construidas en el ámbito de las ciencias políticas y de la nueva administración pública (NAP). Un primer tema sobre el que se delibera en este espacio es la ruta de construcción de la agenda pública. Se denomina agenda al proceso mediante el cual una situación social recibe la atención de actores sociales (agenda pública) o gubernamentales (agenda gubernamental).En este sentido, los problemas en el ámbito de lo público son construcciones mediadas por intereses y coaliciones de actores, en ellas interactúan necesidades (construido por el saber experto) y demandas (voces con poder de incidencia). La demanda se define a partir de la movilización de un actor que tiene capacidad de hacerse escuchar en la esfera pública y las necesidades como construcciones hechas por expertos, en tanto condiciones necesarias de subsistencia.Toda situación social se mueve en marcos, éstos se construyen en torno a hechos, valores, teorías e intereses. La interrelación estratégica, dinámica, situacional e histórica de estos cuatro componentes, configura los discursos de enmarque, los cuales delinean la ruta para la negociación y la acción mediante la cual una situación social se transforma en un problema público. Ante una situación social suelen existir más de un discurso de enmarque, los cuales reflejan desacuerdos en la temática y en el modo de incorporarse en la agenda.La etiquetación de una situación social es el primer paso para su incorporación en la agenda pública, posterior a ello se configuran discursos (técnicos y políticos) y se movilizan recursos de poder (económicos y políticos). La etiquetación es importante, en tanto hace visible el problema en términos del bien colectivo y le da posibilidades para su incorporación en los medios de comunicación, en tanto arena de disputa de actores con poder e intereses.Una situación social se ubica en la agenda pública cuando los sectores sociales con voz lo consideran un problema y con ello logra ser candidata para recibir atención y recursos gubernamentales. Ahora bien los problemas no son entidades preexistentes, son construcciones sociales, en ellas intervienen los valores, las visiones, las preferencias y los intereses de los sujetos involucrados. Así, una situación social se considera problema público cuando se demuestra que existe una brecha significativa entre las situaciones vividas y lo que se considera debería ser o suceder; tienen que ver con necesidades insatisfechas o con preferencias de un actor con poder.La agenda está vinculada a situaciones que se han construido como problemas por sujetos sociales, no hay problemas si no hay sujetos que problematicen esa situación. Es necesario puntualizar que: la agenda pública no es visible, no es un documento escrito, ya que uno de sus atributos es su opacidad, y los problemas de la agenda pública y de gobierno no se corresponden necesariamente.Teóricamente existen diversas perspectivas teóricas para explicar la construcción de agendas públicas y gubernamentales, pero en lo personal recomendaría las siguientes: la elección pública, los ciclos o trayectorias de los problemas y el enfoque organizacional.En la ruta de las situaciones sociales hacia problemas de la agenda pública se bosquejan tres trayectorias: por el lugar en el que se ubican los actores que promueven su incorporación (dentro o fuera del gobierno); por el grado en que se solicita el apoyo de los ciudadanos y de los servidores públicos y por el tiempo de atención que le presten los medios masivos de comunicación.En las próximas entregas deliberaremos sobre la ruta que sigue un problema ubicado en la agenda pública hacia la agenda gubernamental y posteriormente la importancia de las agendas en la construcción de políticas públicas y gubernamentales.

Nos leemos en este espacio el próximo jueves.

Pd. Feliz cumpleaños Donají.

Para comentarios y sugerencias enviar correo a oswualdoa@yahoo.com.mx
Oswualdo Antonio González