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jueves, 4 de septiembre de 2008

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La agenda del Gobierno Federal: el fraude de las promesas

Los procesos electorales en México pueden ser analizados ubicando dos momentos, las campañas y la elaboración de agendas de gobierno, lo cual no significa una simple división temporal, sino la transformación de los discursos de las entidades y sujetos políticos, en acciones concretas. Es un juego de máscaras de la mayoría de los políticos, el cual se traduce en la capacidad de adaptación a las circunstancias en la búsqueda del poder por el poder (pragmatismo), como ejemplos basta con ver el coqueteo del PRD con Ana Rosa Payán o de Cinthya Lobato con el PAN veracruzano. Vemos a los políticos pasar de limosneros de votos a gerentes del país (por supuesto, si son electos), sin que existan medidas que obliguen a estos actores que financian su actuar con dinero público, a ser coherentes en su prometer y hacer, lo que implicaría que la incontinencia verbal, expresada en ráfagas de promesas, por lo menos en los procesos electorales, pudiera ser considerada un fraude.Así, la distancia entre discursos electorales y agendas gubernamentales, entre promesas y acciones de gobierno, es lo que define el tamaño del fraude. En este marco desarrollaremos dos ejemplos de promesas de campaña a nivel federal, para con ello cerrar el tema de la construcción de la agenda de gobierno, iniciado en artículos anteriores.El primer ejemplo es una promesa de campaña hecha por Felipe Calderón el 4 de abril de 2006. El candidato afirmó que de resultar electo impulsaría una iniciativa para derogar la tenencia federal de automóviles. Argumentó en aquellos días que este impuesto era obsoleto, ya que las causas que le habían dado origen ya no existían. En su promesa planteaba que los gobiernos de los estados podrían aplicar otros impuestos para sustituir los ingresos que se obtenían por este medio. Diversos analistas argumentaron en su momento que ésta era una propuesta “demagógica”, “populista”, ya que por este concepto la Federación recaudó, según la Secretaría de Hacienda, entre enero y diciembre de 2005, 15,222 millones de pesos, los cuales se reintegraban a cada una de las entidades (por lo cual se denomina impuesto de los estados), y derogarlo implicaría problemas de diversa naturaleza, toda vez que la recaudación es la debilidad mayor de las finanzas estatales. Una de las implicaciones que se planteaba era que los estados, en el marco de sus atribuciones, crearían otros impuestos para compensar esos ingresos, lo cual podría ocasionar abusos y la consecuente carga excesiva para los contribuyentes, o bien una escalada de endeudamientos, toda vez que la aplicación de nuevos impuestos implicaría un alto costo electoral. Por supuesto, como eran discursos de campaña, el entonces candidato Calderón evadió dar argumentos en el sentido de cómo sustituir los ingresos generados por este impuesto. Es necesario puntualizar, como en su momento lo hizo el Dr. Mijael Altamirano (en el marco de “Lupa Ciudadana”), que sólo quince entidades cobraban la tenencia a vehículos y 17 no aplicaban el impuesto, pero a pesar de estos datos, alertaba de los impactos que tendría esta propuesta para entidades como Aguascalientes, en donde el cobro del impuesto a la tenencia de vehículos representaba el 53% de sus ingresos en ese momento, situación similar para el Estado de México (27%) y Oaxaca (22%). Sin duda, fue una promesa de campaña que no se incorporó en la agenda gubernamental, toda vez que la misma no es viable, pero esta declaración cumplió su cometido, atraer votos y consolidar aquellos que ya habían definido su preferencia por este candidato.El segundo ejemplo es un grupo de promesas que igualmente no se incorporaron o lo hicieron de manera parcial en la agenda gubernamental y que demuestran cómo los discursos se adaptan a los contextos; es decir, se les promete a las personas lo que el político-demagogo piensa, quieren oír. El 12 de mayo de 2006, en Tierra Blanca, Veracruz, el candidato Calderón prometió lograr que se reconsidere a la baja la tarifa eléctrica doméstica en ese lugar, hasta el momento se ha planteado un mecanismo de apoyo a través del programa Oportunidades, aunque esto no impacta a todos los hogares. El 4 de abril de 2006, ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, prometió tratar el 100% de aguas negras del país y dedicar el 1% del PIB a ciencia y tecnología, lo primero se observa como misión imposible y lo segundo fue negado con la propuesta de presupuesto para este ejercicio. El 6 de abril de 2006, en Ticul, Yucatán, prometió aplicar un programa emergente para los productores de maíz que serían afectados por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sin duda éste fue un dicho que no tenía ningún contenido y sentido de “emergencia”, ya que de haberlo tenido seguramente se habría previsto la situación actual del maíz o bien haber reaccionado de manera eficaz ante ella, a menos que la incompetencia fuera un proceso calculado para favorecer a grupos económicos involucrados en el negocio de productos derivados del maíz y de los trasgénicos. El 7 de abril de 2006 en Monterrey, Nuevo León, Calderón prometió reducir a cien el número de diputados plurinominales y buscar una nueva fórmula de representación para el Senado, ya como gobierno esto no ha recibido ninguna atención. El 26 de febrero de 2006, Calderón planteó establecer una jornada escolar prolongada de forma experimental en escuelas de educación básica localizadas en zonas de alta marginación, promesa plasmada ya por Fox en el Programa del Sector Educativo y sobre la cual a nivel federal no se hizo en la práctica nada. El riesgo de esta promesa, como lo plantea el Dr. Loera, es que las escuelas se conviertan en guarderías, por la vinculación que en el discurso el candidato estableció con las madres trabajadoras. Éstos son sólo algunos ejemplos de promesas que no se han incorporado en la agenda de gobierno, ya que lo dicho en campaña no implica ningún compromiso para su realización como gobierno; en este contexto cabría preguntarnos: ¿hay otra forma de hacer campañas que no sea aquella centrada en promesas?Ahora bien, ante promesas que lograron ubicarse en la agenda gubernamental, como el “combate frontal al narcotráfico”, cabe preguntarnos si éstas se tradujeron en políticas públicas o políticas gubernamentales, es decir, cómo puede catalogarse la política de militarización en algunos estados. Sobre esta discusión nos centraremos en el próximo artículo.
Nos leemos en este espacio el próximo jueves.
PD. Un abrazo a las CEBS que aún caminan la posibilidad de apropiación del mundo.
Para comentarios y sugerencias enviar correo a: oswualdoa@yahoo.com.mx

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