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Critican investigadores veracruzanos Alianza por la EducaciónSeñalan que las reformas educativas no pueden apoyarse sólo en acuerdos cupulares, sino que necesitan un acuerdo entre los actores que participan en la educación, como padres de familia o expertosÉdgar Ávila Pérez/Corresponsal El Universal Xalapa, Veracruz Miércoles 05 de noviembre de 2008 12:19Tomado de: http://www.eluniversal.com.mx/notas/552956.html08 de noviembre de 2008. 14:00 horasIntegrantes del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, criticaron la Alianza por la Calidad de la Educación que el gobierno federal signó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por considerar que la mejora de la calidad educativa no puede apoyarse sólo en el acuerdo cupular.En un documento signado por decenas de investigadores, muchos de ellos de la Universidad Veracruzana, manifestaron su preocupación por la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, pues –denunciaron- la Secretaría de Educación Pública sigue abdicando a favor del SNTE sus responsabilidades para normar y conducir la educación nacional.“La mejora de la calidad de la educación no puede apoyarse sólo en el acuerdo cupular entre la SEP y el SNTE, sino requiere del concurso de otros actores involucrados en la educación: profesores, padres de familia, investigadores y autoridades educativas de los estados”, aseguraron.La posición difundida aquí por el investigador y ex integrante de la Junta de Gobierno de la UV, Ragueb Chain Revuelta, asegura que una reforma curricular de la educación básica improvisada y sujeta a negociaciones políticas con el SNTE puede derivar en un grave daño para el país.“Las reformas efectivas se basan en diagnósticos rigurosos y en una deliberación pública donde se consideren la experiencia y conocimientos de los docentes, así como de los investigadores y los expertos”, recordaron.Los investigadores aseguraron que la venta y herencia de plazas, amparadas en normas caducas y prácticas viciadas han causado enormes daños a la educación del país.Los investigadores consideran que la selección de maestros es responsabilidad exclusiva de las autoridades educativas, que deberán ejercerla mediante un andamiaje institucional, criterios y procedimientos que garanticen independencia, objetividad, equidad y pertinencia en la selección de los mejores maestros para la educación básica del país.En ese sentido, afirmaron que los concursos son un medio legítimo a condición de que sean transparentes en su diseño, en la admisión de los concursantes y en la asignación de las plazas.Además, agregaron, en ningún caso estos concursos pueden limitarse a pruebas de lápiz y papel, y menos aún cuando las pruebas no parecen haber sido producto de un diseño técnico cuidadoso.Al mismo tiempo, revelaron que la prueba Enlace presenta problemas que le restan validez y confiabilidad, por lo que las evaluaciones necesitan construirse con rigor y considerar la diversidad lingüística, social y cultural de la sociedad mexicana.“Son un instrumento para mejorar la calidad de la educación y no parece pertinente utilizarlas para otorgar estímulos económicos diferenciales a las escuelas y a los profesores”, afirmaron.iqr

Anónimo envía...■ Cuesta mil 314 millones de pesos al año el pago de profesores comisionados al SNTETomado de La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2008/11/04/index.php?section=sociedad&article=043n1socConsultado el martes 04 de noviembre de 2008.Detectan irregularidades por $37 mil millones en fondo educativo■ Auditoría externa revela las anomalías; se trata de recursos entregados a autoridades estatales■ Es una “sangría” que permite a gobernadores mantener “estabilidad artificial”, acusa diputadoEnrique MéndezLa auditoría externa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que se entrega a los gobiernos estatales, detectó que de 203 mil 317 millones de pesos destinados para este año, 37 mil 174 millones se ejercieron de forma irregular –lo cual representa un uso “atípico” de 18.28 por ciento–, y el caso más evidente es el costo de mil 314 millones de pesos al año que representa el pago a 8 mil 110 profesores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Consultado al respecto, el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, explicó que se trata de una “sangría” al gasto de educación básica, porque permite a los gobernadores un manejo discrecional de los fondos, lo que les ayuda a mantener una “estabilidad política artificial” con el SNTE.El reporte –encargado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la firma RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez y Martínez– refiere además que la dependencia no cuenta con un control preciso de las cifras de las matrículas de las escuelas públicas y el número de éstas; así, por ejemplo, entre los educandos registrados por la dependencia federal y los institutos estatales hay una diferencia de casi 900 mil, y de mas de 2 mil 200 planteles.“Deficiencia administrativa”Esto es, explicó Ortega, los gobernadores de todos los partidos “inflan la nómina y los planteles para exigir más recursos”, pero con los resultados de la auditoría “la SEP tendrá elementos para frenarlos y exhibir al SNTE, pero también la secretaría tiene el primer grado de responsabilidad, por su deficiencia administrativa”.Refirió que, por ejemplo, el informe señala que la secretaría carece de procedimientos formales para la actualización de los catálogos de los centros de trabajo, y que el Sistema de Información de Estadística Continua no se ha actualizado desde su integración, hace 10 años. “Con ello se refleja parte de la falta de control de la dependencia en la educación básica.”La auditoría refiere que no existe una normatividad que obligue a conciliar los datos reportados por los gobiernos de los estados a la SEP con los reales.Así, en los tres niveles de la educación básica –prescolar, primaria y secundaria– se encontró que los gobiernos estatales informaron de una matrícula de 21 millones 736 mil 668 alumnos, pero los auditores sólo encontraron documentación comprobatoria de 20 millones 843 mil 193; de 194 mil 200 planteles, pero sólo se cotejó la existencia de 191 mil 973.Al confrontar el número de plazas y horas autorizadas por las secretarías de Educación y de Hacienda con la nómina cubierta con recursos del FAEB en los estados, se encontró que nueve entidades no conocen los manuales de políticas y procedimientos respectivos.En el desglose se señala, por ejemplo, que en Baja California Sur 254 personas están contratadas con cargo al FAEB y comisionadas a centros de trabajo, 61 de ellas al sindicato magisterial.En Colima y Chiapas existe personal con plaza de docente que realiza actividades administrativas. En Guerrero no hay un control adecuado sobre las horas pagadas por nómina con cargo al FAEB, la cual además no se valida con la existencia real del personal.Desglosa también anomalías en Jalisco, estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.El análisis de plazas de la SEP y de los estados, salvo Durango, permitió constatar que en 27 entidades la nómina reporta más personal que el autorizado, en un promedio de 30 por ciento.Uno de los puntos más conflictivos, que se refiere al personal comisionado al SNTE, también fue motivo de amplio análisis, y los auditores reportaron que ningún gobernador entregó completa la información solicitada al respecto: número, categoría, tipo de plaza, objeto de la comisión y vigencia.Se trata, expresó Ortega, de actos evidentes de corrupción, pero que los gobiernos no pueden atacar porque en la mayoría de los casos los institutos estatales de educación se encuentran “a merced del SNTE, que impone a los secretarios, en una simbiosis patrón-directivo-cuadro magisterial. Existe una complicidad, un maridaje que le sale muy caro al país”.

Anónimo envía...Rechazan secretarios de Educación dar apoyo incondicional a la ACE■ “Estamos de acuerdo con la demanda de calidad, pero no con los mecanismos para aplicarla”, dicenLaura Poy Solano (Enviada)Tomado de la JORNADA http://www.jornada.unam.mx/2008/11/02/index.php?section=sociedad&article=036n1soc Consultado el domingo 02 de noviembre de 2008. 07:42 horasTijuana, BC, 1º de noviembre. A menos de seis meses de la puesta en marcha de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), autoridades educativas estatales demandaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) no recibir un trato de “enemigos”, en un nuevo desencuentro con la titular del ramo, Josefina Vázquez Mota, a quien exigieron ser “escuchados y tomados en cuenta” en las decisiones para aplicar el acuerdo.Al concluir la 14 sesión plenaria del Consejo de Autoridades Educativas (Conaedu), que se realizó ayer en esta ciudad, afirmaron que en la instrumentación del acuerdo la SEP “nos quiere ver como si fuéramos sus 32 enemigos, y no es así. Ni siquiera estamos haciendo grilla”, y condicionaron su “apoyo total” a la alianza a que se realice una evaluación a fondo de sus resultados y alcances.“Estamos desconcertados. Queremos que nos escuchen, participar en la toma de decisiones, porque nunca se ha querido regionalizar la alianza, y se les olvidó que tenemos 1.2 millones de maestros con la piel muy sensible”, advirtieron secretarios de Educación estatales, quienes prefirieron guardar el anonimato.Recordaron que el llamado al diálogo con la SEP “lo hicimos desde el encuentro de Conaedu en septiembre pasado. Inclusive se nos dijo que como éramos muchos convocarían a reuniones regionales, pero no hubo resultados, porque estamos en las mismas, no nos escuchan”.Tras rechazar, en la sesión de trabajo, suscribir un punto de acuerdo para garantizar el aval “incondicional” al pacto educativo firmado el pasado 15 de mayo por Elba Esther Gordillo Morales, líder del gremio magisterial, y el presidente Felipe Calderón Hinojosa, aseguraron que “estamos de acuerdo con la demanda de calidad para el sistema educativo, pero no con las formas y los mecanismos para imponer el acuerdo”.Ante la presencia de Vázquez Mota, los responsables estatales se negaron a suscribir un punto de acuerdo propuesto por el secretario de Educación de Baja California, José Óscar Vega Marín, quien presentó la iniciativa por escrito para avalar la alianza de forma “incondicional”, lo que abrió un acalorado debate que se prolongó por más de una hora.Autoridades educativas del norte del país demandaron frenar “toda simulación” y evitar que dichos encuentros se conviertan en “sesiones de levantadedos”, por lo que insistieron en revisar a fondo la aplicación de la alianza, y subrayaron que no es posible avalar el acuerdo “sin ninguna condición, si no sabemos ni cómo va; así que primero evaluamos y luego decidimos”.Después de diversas intervenciones en contra del punto de acuerdo, el pleno de la Conaedu sólo aprobó ratificar los objetivos de la alianza y celebrar una reunión para evaluar sus mecanismos a solicitud de los secretarios de Educación de 23 estados, y de los subsecretarios de Educación de Tamaulipas, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila y Aguascalientes.Conaedu no es un frontón: secretariosSecretarios de Educación de diversos estados también demandaron que las sesiones plenarias de la Conaedu “no queden como reuniones donde venimos a escuchar informes de los subsecretarios, sino como espacios de debate donde se nos tome en cuenta, porque esto no es un frontón, donde la pelota va de un solo lado. Un diálogo es de dos, y en ambas direcciones”.Ante el rechazo total a la ACE en Michoacán y Oaxaca, al que se sumaron Morelos, Puebla, Guerrero y Zacatecas, estados como Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Chiapas y Coahuila, donde hay “claras muestras de inconformidad”, advirtieron que “hay conflictos que se administran, y otros que se resuelven, y los temas educativos se resuelven. El caso de Morelos dejó muy claro que se debe respetar más la dignidad del magisterio”, concluyeron.