Artículos públicados en MILENIO. 2007_8

Entre la aplicación y la ampliación de la fuerza legítima: tentación de Calderón

Un supuesto básico de las democracias liberales es que se basan en una división del poder y la existencia de mecanismos eficientes de participación social, por ejemplo las llamadas contralorías sociales, las comisiones de derechos humanos o los institutos, los cuales se caracterizan por no depender de manera directa de uno de los tres poderes, a lo cual se ha denominado ciudadanización del poder o gobernanza, en otros contextos.Los 100 días de la gestión calderonista se han caracterizado por el llamado combate frontal al crimen organizado, acción en sí misma loable. Lo cuestionable de esta estrategia o política gubernamental (no política pública), es el énfasis puesto en el uso de la fuerza pública, o más peligroso aún, en la fuerza militar; se partió del supuesto que el problema del narcotráfico era un problema similar al robo de autos o a los secuestros, que ante las armas de los narcotraficantes el gobierno respondería con más armas y a las balas con más balas, incluso que los muertos se enfrentarán con más muertos. Se pensó de manera ilusa que combatir al narcotráfico era combatir al EZLN, es decir, una fuerza militar ubicada en un territorio. Esta lógica poco racional del gobierno olvidó que existe la llamada inteligencia institucional, la cual, de haber sido usada, hubiera permitido prever escenarios y tener respuestas alternativas y rápidas ante la lógica reacción de los cárteles.Pero como ante una acción irracional las consecuencias también son irracionales, la respuesta oficial ante el fracaso de la militarización de algunos estados de la Federación es ahora la de solicitar autonomía de la instancia encargada de la procuración de la justicia en el país (la PGR). La justificación parece obvia, ¿quién no recuerda las escenas de hace algunos días, cuando los militares debieron esperar horas para poder ingresar a una propiedad sospechosa debido a que no se les “obsequiaba” la orden de cateo? Ante este hecho, la respuesta irracional, lejos de hacer una revisión del accionar de los involucrados en este proceso, opta por proponer la dotación de autonomía a un área sensible de la democracia, la procuración de justicia.Si con el andamiaje jurídico actual hemos visto casos como los de Digna Ochoa, el encarcelamiento de líderes sociales en Oaxaca, las violaciones sexuales y detenciones arbitrarias en Atenco o el caso del sindicato minero, qué se puede esperar de estas instancias oficiales con mayor poder y autonomía.La justificación del tirano para usar la fuerza arbitrariamente es la preservar el orden y la paz, pero no puede ser ésta la justificación en un sistema llamado democrático, no es justificable en nuestro país el dicho aquel de “primero allana, mata o encarcela y luego averiguas”, o si bien nos va el llamado “usted disculpe, nos equivocamos”.Sin duda, como ya lo prevén algunos analistas, la política de militarización del país como sinónimo de combate al narcotráfico irremediablemente fracasará. De los aparatos de inteligencia de este gobierno depende que esta estrategia se modifique y se haga efectiva y, por otro lado, que se reconozca que el enfoque usado para construir el problema no fue el adecuado. Es urgente que se reconozca que esta guerra de Calderón no es la guerra de un sexenio; que no se combate a un ejército ni a una guerrilla, sino a una red de intereses y bases que son beneficiadas con este negocio ilícito; que no se puede esperar ilusamente que el enemigo se rinda como en una guerra ordinaria, ya hemos visto que otros estados empiezan a padecer la migración de estos grupos, y finalmente que la llamada “guerra” debe combatirse en diversos frentes, en las familias, las escuelas, el servicio público, en el combate a la pobreza, etc.Un hecho que pone contra la pared esta política de Calderón, aparte de los muertos de todos los días y la negación de que nos estamos colombianizando, es la política que en la misma materia está implementado el gobierno perredista del Distrito Federal, con Marcelo Ebrard, la cual es observable en las acciones realizadas en el barrio de Tepito, cuya efectividad inmediata contrasta con los resultados a nivel federal. Las primeras acciones de Ebrard, como las expropiaciones, las cuales, como es obvio, pusieron a la defensiva al aparato conservador y pro-panista del país, argumentando que se violentaba la ley y que había que preservar la propiedad privada, pero que finalmente terminaron aceptando como un hecho positivo, ha implicado la posibilidad de atacar la parte sensible de las mafias, sus bases sociales. El expropiar y devolver el espacio a la comunidad, en hospitales o en otros servicios, implica involucrar a la sociedad en el combate a los ilícitos, es decir, no es un combate de balazos entre policías y ladrones, con las personas encerradas, es una política, al parecer, con visión de futuro. Si a esto se le agrega el combate al ambulantaje, la política adquiere otras dimensiones, sobre todo porque se argumentaba que éstas eran las bases de apoyo del PRD.Ésta es una de las bondades de la democracia, la posibilidad de comparación. Por supuesto que en estos primeros cien días sólo estamos viendo el inicio de estas dos políticas en el combate al llamado crimen organizado, el tiempo colocará a cada uno en el lugar que le corresponde.Nos leemos en este espacio el próximo jueves.

Pd. Nos congratulamos con la reapertura del caso Digna Ochoa.

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