Declaración de Veracruz

07-Oct-2009
En el México de hoy, el SNTE y la burocracia de la SEP han monopolizado las decisiones políticas. Cierto, otros actores —legisladores, autoridades estatales, organizaciones civiles— hablan y quieren participar, pero los monopolizadores los ignoran.


Varios investigadores de la política educativa señalan que la educación es una arena de conflicto. Los actores políticos avanzan ideas, argumentos ideológicos y propuestas políticas con el fin de influir en las decisiones. En el mundo democrático esas pugnas son civilizadas, los actores y sus mociones pretenden lograr avances y enriquecer la educación. Aunque en todas partes hay excluidos, al menos esos grupos tiene voceros y se hacen escuchar.

En el México de hoy, el SNTE y la burocracia de la SEP han monopolizado las decisiones políticas. Cierto, otros actores —legisladores, autoridades estatales, organizaciones civiles— hablan y quieren participar, pero los monopolizadores los ignoran.

Uno de los grupos organizados que reclaman participación se manifestó en Boca del Río, Veracruz, del 22 al 25 de septiembre. Los académicos agrupados en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y otros asistentes a su X Congreso Nacional, lanzaron la Declaración de Veracruz, un documento diplomático, pero claro. Los investigadores se asumen como actores —los expertos— y apelan a la sociedad. El motivo de su manifiesto es claro: quieren abrir la política educativa a otros actores.

Los investigadores resumen sus reclamos en cinco puntos.

El primer punto es una crítica al gobierno. Ellos manifiestan preocupación por la reducción del financiamiento federal a la educación pública en este año y la que se anticipa para 2010. Arguyen: “Cuesta mucho reponer aquello que no hicimos cuando era necesario”. Y rematan con: “Como nación, nos cuesta más lo que perdemos de futuro que el discutible ahorro inmediato”.

El segundo punto va al centro de la Alianza por la Calidad de la Educación. Los firmantes se proclaman democráticos, mas también se preocupan por la eficacia del sistema; exigen que se escuche a los actores del proceso: maestros, estudiantes y sus familias, autoridades educativas de los estados y los especialistas en educación. Además apuntan la anomalía: “La interlocución real del gobierno se ha concentrado con la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Distintos grupos científicos han manifestado que sus opiniones y críticas fundamentadas fueron desoídas en el momento de la toma de decisiones. Otros sectores han señalado el carácter simulado o carente de confiabilidad técnica de las consultas y pruebas piloto que se usan para justificar la política en marcha”.

Los investigadores invocan a la sensatez del gobierno: “Llamamos a las autoridades educativas federales a reconsiderar honestamente las acciones que han llevado a la práctica”. Luego ofrecen una alternativa. “Les pedimos que la suspendan y que inicien un nuevo proceso que aproveche los avances de las ciencias vinculadas con la educación y la experiencia acumulada por múltiples actores de la educación y que aliente procesos de reflexión y discusión que son indispensables”.

El tercer punto juzga las prácticas de evaluación. Ellos manifiestan inconformidad ante el uso irreflexivo de pruebas estandarizadas que pretenden medir el conocimiento y la competencia de los estudiantes que utilizan los resultados para clasificar y seleccionar los alumnos. Piensan que la evaluación es necesaria, aunque, para que sea útil, debe captar la variedad de los atributos de los estudiantes.

En el cuarto punto, los investigadores critican a las autoridades por dejar que proliferen las “escuelas patito”. Ellos proponen una norma “más estricta que asegure procesos formativos de calidad y ambientes favorables para el aprendizaje”.

El último punto demanda la inclusión de los investigadores en el diseño de la política: “La investigación educativa en nuestro país presenta resultados cada vez más numerosos, mejor distribuidos regionalmente y que tienden hacia una mejor calidad... quisiéramos que este esfuerzo sea aprovechado en el diseño de políticas públicas, en la construcción de instrumentos de evaluación, en el ejercicio de las acciones educativas”.

Dudo que este gobierno les preste oídos, la alianza política entre el presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo parece sólida y me da la impresión de que no les interesa escuchar a nadie de fuera de sus círculos, menos aún a las voces críticas.

La Declaración de Veracruz es una siembra para el futuro.


Retazos

En mi entrega de la semana pasada cometí el error de no mencionar los apellidos de Romualdo López Zárate, presidente del Comie. Le ofrezco disculpas a él, a los lectores y al periódico.