Democracia y participación social

Escrito por:
Oswualdo Antonio González

En la próxima entrega retomaremos el tópico sobre la titulación en los posgrados.

Un problema del sistema democrático en nuestro país, es la inexistencia de mecanismos institucionalizados para que la sociedad civil pueda participar en el diseño de la vida de nuestra sociedad. A pesar de que en la constitución política se plantea que la democracia va más allá de un sistema político y se constituye en un estilo de vida, en la práctica se ha reducido a la llegada al poder de una nueva clase de explotadores de la vida pública: los políticos y empresarios.

La sociedad civil ha visto secuestrado su poder, por estructuras de partidos que ya no se distinguen por sus diferencias ideológicas, sino por su pragmatismo en el establecimiento de alianzas para ganar el poder. Sólo así se puede explicar que en Veracruz el Partido Revolucionario Institucional criminalice el Aborto y vote en armonía con el Partido Acción Nacional. Por otro lado, la administración pública nacional y de las entidades, esta secuestrada por grupos de poder (como el SNTE en el caso de la educación), quienes son los que dictan las distintas agendas gubernamentales.

Los secuestradores de la democracia, como mecanismo para defender sus cotos de poder, han criminalizado, como lo hicieron recientemente con el Aborto, toda posibilidad de expresión social organizada que trastoque su poder en el diseño de la agenda gubernamental.

¿Cómo puede la sociedad civil manifestar su desacuerdo con alguna política gubernamental? La respuesta es circular, ya que en teoría tenemos un representante de nuestros intereses en la cámara de diputados o senadores, pero la mayoría de las agresiones a la sociedad provienen o son avaladas en esos espacios, entonces no hay ninguna posibilidad real de participación social.

La presión social como medio para expresar inconformidad en la práctica no tiene ningún canal institucional, por ejemplo se ha tipificado como delito bloquear carreteras y fácilmente se tiende a utilizar la fuerza pública para acallar protestas. En este marco es urgente que las organizaciones no gubernamentales o agrupaciones diseñen mecanismos alternativos de presión social, de tal modo que respetando el marco legal se pueda hacer entender a las autoridades legalmente constituidas que el poder radica en el pueblo.

El caso de los normalistas es un buen laboratorio social para experimentar nuevas formas de presión social organizada, ya que las respuestas hasta este momento de las autoridades han sido la de los manuales de negociación, ubicar el problema en los que protestan (miedo a ser evaluados) y en otro lado (es una decisión federal). Así, es importante no se repitan estrategias utilizadas por algunas normales rurales que implicaron la confrontación con las fuerzas de seguridad pública y que terminaron con el cierre de estas instituciones. Se tiene que entender que la toma de instalaciones es un paso importante para colocar el tema en los medios, pero no puede ser la única, paralelo al equipo negociador se deben constituir los comités de vínculos con actores clave y de diseño de mecanismos alternativos de protesta, recuerdo por ejemplo: los círculos humanos a edificios públicos, el marcaje personal a autoridades, la discusión argumentada en los medios públicos, la creación de canales de comunicación utilizando las nuevas tecnologías, es decir toda aquella presión que implique que el problema se coloque en la mesa de discusión no como un tema acabado sino como factible de rediseñar con la participación de los afectados y no solo por acuerdos entre grupos de poder.

Colocar en la agenda pública la necesidad de que la sociedad se organice y diseñe mecanismos para acotar a los grupos que tienen secuestrada a la democracia, no es apología del delito.