Dinero y poder

21-Oct-2009

Los usos centralistas del lenguaje político monopolizaron la idea de que la Federación es el gobierno central. El proyecto de presupuesto representa el gasto de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo centrales, no de todas las entidades.


En las arcas del reino, escribió Maquiavelo en la introducción a los Discursos de Tito Livio, se encuentra la fuente del poder. Él recomendaba al príncipe no ser pródigo ni tacaño y administrar con sabiduría los dineros, ya que de eso dependía el bienestar de su Estado y su prestigio como gobernante.

En el México de hoy, tanto el Presidente como los miembros del Poder Legislativo federal parecen conscientes de esa fuente de poder, pero no actúan con sabiduría. Les interesa el control central, no la ventura de la nación, lo precisa el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.

El constitucionalista Alfonso Tena Ramírez, citado por Josefina Zoraida Vázquez, arguye que la Federación “representa una forma de gobierno que, al consistir sustancialmente en una distribución de competencias, cubre por igual con su nombre el perímetro central y los locales”. Los usos centralistas del lenguaje político monopolizaron la idea de que la Federación es el gobierno central. El proyecto de presupuesto representa el gasto de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo centrales, no de toda la Federación. El título mismo del documento desvirtúa la noción de federalismo y, sin rubor, los poderes del centro apañan a los de los estados. Las previsiones para el gasto en educación constituyen el caso paradigmático.

El artículo 9, fracción IV de ese proyecto, da al traste con cualquier idea que pudiera sobrevivir de que los estados son entidades libres y soberanas. Es la reafirmación de las fuerzas centralizadoras sobre las arcas del reino, mas confunden el control con la prudencia. Los diputados y el gobierno central quieren vigilar el gasto de los estados, no que sea más eficaz, aunque contenga ciertas medidas que tienden a evitar el despilfarro en plazas y asignaciones ilegítimas.

Dicha fracción establece que los estados deberán entregar a la SEP toda la información respecto al número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico y normal, por escuela, e informar cada trimestre el número total, nombres y funciones del personal comisionado, el periodo de duración de la comisión, y publicar las listas en su páginas de internet, así como sobre los gastos realizados por concepto de pagos retroactivos, detallando las plazas y el periodo que comprenden. Además, ordena a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones durante 2009, tomando en consideración los resultados de las auditorías previas y que la SEP y los estados proporcionen la información y la documentación necesarias para realizarlas. Los resultados se deberán enviar a la Cámara de Diputados a más tardar en agosto. ¡Bonito federalismo!

Si la doctrina federalista original es correcta, los recursos que transfiere el gobierno central a los estados, por medio de los diferentes ramos, ya no son “federales”, sino la hacienda de cada entidad. Allí la ASF ya no tiene competencia legítima, por más que los poderes centrales la hayan institucionalizado. Quizás en el futuro a los gobernadores se les ocurra promover una controversia constitucional, ya que las normas en la Ley General de Educación y los decretos de presupuestos precedentes, violan artículos torales de la Constitución, aquellos que hablan del federalismo y de las atribuciones de los estados.

Atención. No arguyo que en aras del federalismo se transfieran sin control legítimo recursos a los gobiernos estatales; lo que me molesta es la hipocresía del centralismo. No tiene caso seguir con el mito de que hay un sistema de educación descentralizado cuando está más concentrado que antes. Si se quiere gastar mejor, ahorrar en burocracia y en chapuzas de dobles y más plazas, y administrar con sabiduría los dineros del Estado, más vale recentralizar el sistema. En las condiciones actuales, los gobernadores son incapaces de manejar la educación, los poderes centrales constituidos y el SNTE los tienen agarrados por el cuello.

Hoy, los sindicatos corporativos, la incapacidad y la deshonestidad de los grupos gobernantes (no hay uno solo) y el desconcierto institucional se conjugan para promover el derroche, no el bienestar, de los mexicanos.