El juicio de la corte

28-Oct-2009

De acuerdo con la formalidad de la ley, en Oaxaca, en 2006, los maestros en huelga y los manifestantes de la APPO no violentaron los derechos humanos, nada más las autoridades constituidas lo pueden hacer. ¿Pero qué de los más de 120 días de clase que se malograron?

Algo está podrido en México, ya lo dijo Shakespeare, aunque él se refirió a Dinamarca y a conjuras cortesanas. La confianza y la credibilidad de los mexicanos en las instituciones públicas disminuye debido al desempeño de los políticos y de los funcionarios que las conducen. Del Congreso y de amplias zonas del Poder Ejecutivo ya nadie se extraña, pero la Suprema Corte parecía estar al margen de ese descrédito, a pesar de que sus jefes se pagan sus servicios con desmesura.
Por apostar a la corrección política, los ministros de la Corte quebrantaron la Constitución, ellos, que se supone deberían ser su principal salvaguarda. Los ministros atrajeron el caso o aceptaron analizar las violaciones a los derechos humanos en el movimiento de la Sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, en 2006. Elisur Arteaga Nava, uno de nuestros mayores constitucionalistas, autor de La Constitución Mexicana comentada por Maquiavelo, lo expresa sin ambigüedades: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros que la componen ... han violado la Constitución Política de la República” (Excélsior, 19 de octubre). Y le pone adjetivos a la violación: grosera, grave, obsequiosa. El argumento de Arteaga Nava es contundente; apoyándose en el texto constitucional, afirma que el Pleno excedió su competencia y prejuzgó al titular de un poder del estado de Oaxaca, sin que mediara juicio ni le permitiera el derecho de audiencia. Advertencia: ni Arteaga Nava ni yo defendemos al gobernador Ulises Ruiz, su política es desaliñada; lo que censuramos es el proceder ilegal de los ministros al desvirtuar la función jurisdiccional de los tribunales.

Arteaga Nava presume que los ministros quisieron quedar bien con alguien. Pero al final no dejaron a nadie satisfecho. La Corte condena a un poder local y exculpa al federal. La APPO y los maestros disidentes, así como sus simpatizantes en la prensa y políticos del PRI, critican a la Corte porque exoneró al ex presidente Fox. Tampoco en el gobierno central están contentos, por las implicaciones que esa decisión pueda tener en el futuro: los gobernadores ya no intentarán frenar movimientos disidentes, aunque infrinjan la ley y lastimen los derechos de terceros. Al contrario, tratarán de endosarle a la Policía Federal la contención de cualquier protesta de masas. Con ese veredicto, la Corte, queriendo ser salomónica, partió en dos al niño.

Con esa decisión, la estabilidad de los sistemas educativos de los estados pende de un hilo. Hoy, más que antes, cualquier grupo de maestros disidentes, no importa si nada más son unas decenas, podrán parar escuelas, tomar casetas de las autopistas, crear caos en las ciudades y las autoridades locales no tendrán ningún incentivo para intervenir.

La Corte les acaba de expropiar el recurso de la violencia legítima.

De acuerdo con la formalidad de la ley, en Oaxaca, en 2006, los maestros en huelga y los manifestantes de la APPO no violentaron los derechos humanos, nada más las autoridades constituidas lo pueden hacer. ¿Pero qué de los más de 120 días de clase que se malograron, qué de las pérdidas millonarias de empresarios (los más pequeños, los más perjudicados), qué de los empleos de gente pobre que se perdieron? Los maestros transgredieron el artículo tercero de la Constitución (y lo siguen haciendo al no asistir a clases) e impidieron que los niños ejercieran el derecho a la educación. Pero, dada la capacidad de movilización de esos docentes, ese año cobraron y hoy siguen devengando salarios mientras protestan junto con los electricistas. Entretanto, los niños de Oaxaca pierden clases.

Según teorías neoweberianas, en la credibilidad de las instituciones descansa la legitimación de los actores políticos. Ya ni los diputados creen en el Congreso; las autoridades educativas, tanto la federal como las de los estados, se dejan gobernar por los líderes del SNTE; nadie confía en el Ministerio Público; tampoco se piensa que haya jueces honestos. Los ciudadanos recelan de la solvencia de cualquier institución oficial y de los políticos de todos los partidos. Nos encaminamos a una crisis de legitimidad que puede pudrir aún más el ambiente político nacional.
¿Ser o no ser? Tremenda corte.